La profunda corrupción de las prisiones mexicanas

por Ted Galen Carpenter

Ted Galen Carpenter es vicepresidente de Estudios de Defensa y Política Exterior del Cato Institute y autor o editor de varios libros sobre asuntos internacionales, incluyendo Bad Neighbor Policy: Washington’s Futile War on Drugs in Latin America (Cato Institute, 2002).

Los acontecimientos en México parecen estar conspirando para confirmar los temores de que el país podría convertirse en un “estado fallido”.

El último desastre político y de relaciones públicas del gobierno del presidente Felipe Calderón ocurrió el 20 de febrero. Reclusos de la prisión estatal de Apodaca, no muy lejos de Monterrey, la principal ciudad industrial de México, iniciaron un motín. Resultó que la mayor parte de los revoltosos eran miembros del cada vez más poderoso cártel los Zetas. Se valieron del motín para asesinar a cuarenta y cuatro miembros del cártel del Golfo, su rival, y luego escaparon de la prisión. Las autoridades mexicanas inmediatamente abrieron una investigación sobre los oficiales en guardia al momento del incidente, sospechando (justificadamente, dada la incapacidad o falta de voluntad para prevenir el derramamiento de sangre) que al menos alguno de ellos confabuló con el cartel de los Zetas.

La masacre de Apodaca y el escape de la prisión serían ya sorprendentes si se tratase de un incidente aislado, pero no es el caso. Una sublevación en la ciudad costera del Golfo, Altamira, resultó en la muerte de treinta y un reclusos. Otro motín en una cárcel del estado de Tamaulipas en octubre dejó como saldo veinte muertos. Un año antes en el estado de Durango, un motín tomó las vidas de veintitrés reclusos, y una disputa en 2009 en otra prisión de Durango mató a diecinueve personas.

Lo más preocupante de la creciente violencia en las cárceles es que los derramamientos de sangre anteriores también involucraban aparentemente disputas entre pandillas de drogas rivales. Y al menos en dos de estos episodios, los guardias parecen haber sido cómplices que colaboraron con alguno de los bandos. Ese aspecto sugiere que el notoriamente corrupto sistema de prisiones mexicano —un problema que se ha presentado por años— está ahora totalmente fuera de control. Sea cual sea el cartel de drogas que se encuentre en ascenso en cualquier región del país, parece ejercer mayor poder que el gobierno mexicano en en dichas instituciones.

La constatación de que ciertas organizaciones criminales de hecho administran las prisiones mexicanas podría impactar a muchos estadounidenses, pero incidente tras incidente confirma ya sea la impotencia o la venalidad del sistema de justicia mexicano. Los capos de la droga han sido capaces de controlar con impunidad las operaciones de tráfico desde sus celdas. Individuos de menor rango a veces deben aguardar hasta se pueda arreglar una fuga de la prisión, pero incluso eso es poco más que un pequeño inconveniente.

Un incidente típico ocurrió en mayo de 2009 cuando cincuenta y tres reclusos, muchos de ellos miembros de los Zetas, escaparon sin topar con resistencia alguna de la prisión Cieneguillas en el estado de Zacatecas. Grabaciones de las cámaras de seguridad revelan que los oficiales de la prisión simplemente se detuvieron mientras una banda armada dirigía el escape. No resultó claro si los oficiales fueron sobornados o intimidados, pero las autoridades federales encarcelaron al director de la prisión y a los cuarenta y cuatro oficiales por sospecha de complicidad.

Sin embargo, el grado de colusión involucrado en esa fuga de la prisión fue menor en comparación con el escándalo que estalló en julio de 2010. Guardias y oficiales en la prisión Gómez Palacio en Durango aparentemente hicieron mucho más que permitir a los prisioneros escapar y reanudar sus vidas delictivas en el exterior — supuestamente dejaban libres temporalmente a los reclusos para que pudieran llevar a cabo asesinatos predeterminados por sus jefes. Una vez que completaban sus trabajos, los sicarios regresaban a sus celdas. En esencia, la prisión sirvió a los cárteles más como dormitorio u hotel — financiado por supuesto, por los contribuyentes mexicanos.

De hecho, parece ser que las autoridades de la prisión hicieron más que permitirle a los reclusos pases diarios o de fin de semana para realizar su trabajo. Aparentemente se les entregaron armas a los asesinos, e incluso vehículos oficiales para asistirles en sus operaciones. El escándalo de Gómez Palacio fue especialmente perturbador porque los soldados del cartel a quienes se les facilitó el uso de la prisión como base de operaciones fueron responsables por una masacre en una fiesta de cumpleaños en Torreón que resultó en la muerte de diecisiete personas inocentes.

Los cárteles se vuelto tan poderosos que sus líderes manejan sus negocios rutinariamente desde prisión. Como señala el corresponsal del New York Times, Marc Lacey, “Las prisiones mexicanas, como las describen reclusos y empleados, y por lo observado en varias visitas, son lugares donde los traficantes de drogas encuentran una nueva base de operaciones para sus empresas criminales, reclutan novatos, y donde sobornan su salida a un precio justo”. Las fugas de las prisiones son tan frecuentes que parecen rutina. Un sospechoso de narcotráfico en una prisión de Sinaloa desapareció en medio de una fiesta organizada para los reos, con todo y grupo musical. Y quizás el episodio más famoso de todos ocurrió en 2001 cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán, el líder del cartel de Sinaloa, la organización narcotraficante más poderosa de México, escapó al esconderse entre la carga de lavandería de la prisión —nuevamente con guardias que aparentemente desarrollaron un caso de ceguera colectiva.

Los narcotraficantes son comúnmente celebridades en la prisión, con los demás reclusos convirtiéndose en ávidos seguidores y los guardias frecuentemente convirtiéndose en sus empleados. Los líderes del cartel se mantienen en contacto con sus operaciones en el exterior utilizando a los recién liberados reclusos como mensajeros. Al menos ese era el método más común hasta hace poco. Ahora, simplemente utilizan celulares.

Lacey describe la situación en una prisión donde muchos de los más altos líderes están detenidos. “Los prisioneros son muy privilegiados, utilizan ropa de diseñador y gozan de privilegios especiales que van desde visitas frecuentes de sus parejas hasta televisores de amplia pantalla en sus espaciosas celdas”. No es lo que se llamaría exactamente un tiempo de reclusión. Pedro Arellano, un experto en prisiones mexicanas, lo afirma sucintamente: “Las autoridades ya no controlan las prisiones —los capos de la droga lo hacen”. Y hay evidencia abrumadora de que está en lo correcto.

La decisión de los mexicanos

La profunda corrupción en las prisiones mexicanas es apenas una razón entre muchas otras de porque ha fallado la controversial ofensiva militar de Calderón contra los carteles —que Washington ha apoyado con tanto entusiasmo. Incluso cuando personal de seguridad mexicano detiene a los traficantes, los delincuentes raramente llegan a juicio. Las convicciones son cada vez más escasas. E incluso cuando los miembros de los cárteles son enviados a prisión, parece que es solo un inconveniente temporal —a menos, por supuesto, que se vuelvan blanco de reclusos de una banda rival.

México celebrará elecciones presidenciales este verano, donde los votantes del país tendrán la oportunidad de decidir si continúan con la estrategia antidroga que Calderón ha perseguido por más de cinco años, a un costo de más de cuarenta y siete mil vidas. La Constitución mexicana le prohíbe postularse para otro período, y eso es probablemente algo bueno. Su guerra contra los carteles de la droga, la piedra angular de su administración, se ha convertido en un fiasco.

Dependerá entonces del sucesor de Calderón decidir si se mantiene sobre esa senda o intentar una estrategia diferente. Sin embargo, indiferentemente de la política que elija el nuevo presidente, este deberá limpiar la corrupción del terrible sistema penitenciario mexicano que ya ha alcanzado niveles críticos. Una nación que no puede ni siquiera acercarse a controlar sus propias prisiones está en peligro de desplomarse en el abismo y convertirse en un estado fallido.

Y ese prospecto es un asunto de grave preocupación para las autoridades de EE.UU. Un estado fallido —o incluso un estado narco de facto— en su frontera sur sería un claro y grave problema de seguridad para EE.UU.

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