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La política de ejecuciones hipotecarias

Michelle Malkin

¿Quién dice que el consenso está muerto? Desde el presidente Bush pasando por Hillary Clinton, Barack Obama y hasta John McCain, prácticamente todo Washington está de acuerdo: el gobierno tiene que hacer algo para impedir las ejecuciones hipotecarias en todo el país. Todos estos líderes políticos coinciden en la total presunción de inocencia del dueño. Los titulares “el-prestatario-como-víctima-y-el-prestamista-como-depredador” están grabados en piedra. No se puede permitir que la realidad se interponga en este año de caótico cortejo electoral.

Los invitados especiales al discurso del Estado de la Nación suelen ser gente extraordinaria, héroes, empresarios o ciudadanos que han destacado mucho más allá de lo que pide el deber. En la edición de este año, una de las invitadas era una mujer de Indiana cuyo derecho a la fama fue haber marcado un número gratuito y recibir la ayuda de “Hope Now Alliance”, un grupo invitado por Bush, que según él, “está ayudando a muchos propietarios en apuros a evitar la ejecución hipotecaria”.

Las víctimas de las hipotecas subprime son los nuevos héroes. Bienvenido a la política de ejecuciones hipotecarias.

Hillary, la zarina casera, se lanzó a la yugular presidencial y salió en las noticias apuntando que los índices de ejecución hipotecaria se dispararon un 79% a lo largo del año pasado. Reiteró su llamamiento a favor de “una moratoria de 90 días para las ejecuciones hipotecarias subprime y una congelación de 5 años en los tipos de préstamos subprime“. Los prestatarios que a sabiendas compraron más espacio del que podían pagar no tienen lugar en el mundo de Hillary. “Es incuestionable que los bancos y las financieras engatusaron a las familias con hipotecas diseñadas para acabar en ejecución”, declaró en una entrevista cuestionario hecha por el periódico Denver Post.

Siguiendo con el tema de los prestatarios engañados, el senador Chuck Schumer está de cruzada a favor de más “asesorías hipotecarias” subsidiadas con fondos federales. Ahora quiere 200 millones más, además de los 180 millones de dólares de “Asistencia Asesora de Vivienda” que ayudó a meter en la ley ómnibus de gasto el año pasado. Una porción importante de estos fondos acabará en manos de asesores aprobados por el gobierno, afiliados a grupos activistas de izquierdas como La Raza o ACORN.

Claro que siento pena por los prestatarios que pudieron haber sido engañados. Pero por cada “prestamista depredador”, también encontrará a un prestatario depredador. Por cada banco o financiera sin escrúpulos, hay un propietario que aseguró su financiación y compró una casa – que sabía que no se podía permitir – con poco dinero como depósito y una nómina falsa, o sin verificar. Washington sigue callado ante este comportamiento imprudente, algo que es un estímulo implícito y explícito.

Desde California ahora nos venimos a enterar que algunos de estos propietarios a los que Washington se apresura a rescatar simplemente se están desentendiendo de sus compromisos hipotecarios y obligaciones contractuales. “¡Buuu! Ejecute mi hipoteca… viviré en la casa gratis durante 12 meses, me ahorraré el dinero y a otra cosa”, declaraba alegremente un propietario al Los Angeles Times la semana pasada.

El estigma de no pagar ha desaparecido. La retórica política absolviendo a los prestatarios de sus responsabilidades — y que los invita a gastar y gastar y gastar aún más – ha hecho esto posible. Y también la legislación federal con intenciones de “ayudar”. La ley ómnibus de gasto aprobada el año pasado impide al IRS gravar fiscalmente los descubiertos hipotecarios como ingresos de hasta un millón de dólares durante dos años.

El blog financiero Calculated Risk informa que cada vez más propietarios están abandonando sus casas por voluntad propia. Un ejecutivo del Banco Wachovia advertía en una conferencia que “se trata de personas que tienen capacidad de pago, pero que básicamente han decidido no hacerlo porque sienten que sus propiedades, su patrimonio han perdido valor…” Algunos están dando una señal para casas más baratas en los mismos barrios. Hasta hay una expresión que se ha estado popularizando el último par de años, “Correo tintineante” describiendo lo que pasa cuando los propietarios ponen pies en polvorosa y mandan al banco las llaves por correo. Ho, ho, ho…

Las verdaderas víctimas de esta “crisis” son los que pagaron por casas dentro de sus posibilidades y los que esperaron para entrar en el mercado inmobiliario. Una lectora de Nueva York me escribía la semana pasada:

“Mi esposo y yo esperamos pacientemente mientras veíamos cómo nuestros amigos daban el golpe en el mercado inmobiliario durante los últimos 6 años… Ahora, después de varios años, estamos preparados para mudarnos a algún barrio residencial y pensamos que las personas responsables como nosotros vamos a ser los perjudicados en este lío hipotecario. Somos los que tenemos que esperar a que caigan los precios de la vivienda, mientras nuestro gobierno, buscando proteger sólo a los propietarios, mantiene los precios artificialmente altos con programas de rescate y tipos de interés artificialmente bajos.

¿Qué me dice de programas para ayudar a los arrendatarios que no ganaron dinero en esta burbuja porque fuimos responsables? ¿Qué tal una intervención del gobierno para reducir unos precios de la vivienda aún altos para que no nos dejen fuera del mercado? Hace falta una corrección natural del mercado inmobiliario, pero el gobierno parece empeñado en evitar que suceda. Mientras tanto, estamos fuera del mercado porque no estamos dispuestos a endeudarnos hasta el cuello (a diferencia de algunos de esos reverenciados propietarios)”.

Lo siento, compradores responsables. No habrá lugar para ustedes en el próximo discurso del Estado de la Nación o en la próxima mesa redonda de ‘Hillary al Rescate’.

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