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Bolivia detrás del espejo

“…Si la historia última de Bolivia fuera un juicio, diríamos que los abogados de ambas partes se han entregado grandiosamente al vicio de la chicana. Han recurrido a múltiples ardides legales para evitar que el jurado trate el fondo del asunto que se ventila. El móvil de tales maniobras es evidente: evitar que el juicio se desarrolle normalmente y termine algún día, porque los contendientes no están dispuestos a perderlo por ningún motivo“.

En octubre de 2003, la convulsión de las provincias occidentales de Bolivia ocasionó la caída del presidente de entonces, Sánchez de Lozada, y puso a la orden del día dos consignas izquierdistas: la nacionalización petrolera y una asamblea constituyente que cambiara la estructura del país. En junio de 2004, estos hechos recibieron una respuesta del oriente. Cientos de miles de manifestantes exigieron que se convocara a un referendo para que las diferentes zonas del país decidieran ser o no autónomas respecto al gobierno central. Desde ese momento, y durante los dos siguientes años, la política boliviana se redujo a un debate entre quienes querían la “asamblea constituyente”, por un lado, y los que exigían el “referendo autonómico”, por el otro.

Las diferencias económicas e ideológicas sobre el futuro del país, que son la verdadera causa de la división de los bolivianos en “dos bandos”, se expresaron así bajo la forma aparentemente inocente de una discrepancia metodológica. Aunque cada uno de los adversarios aceptaba -de dientes para fuera- el derecho del otro a buscar sus propios objetivos (la reforma de la Constitución, por una parte, y la creación de territorios autónomos, por la otra), al mismo tiempo objetaba el mecanismo que éste proponía para lograrlo. Se prefería las apariencias a las realidades, intercambiándolas, con el bizantinismo propio de la tradición política boliviana.

En 2006, la alternativa “asamblea o referendo” se cortó salomónicamente mediante la convocatoria a unas elecciones que conformaron a la asamblea y, simultáneamente, consultaron a los votantes sobre las autonomías. El “sí” ganó en cuatro departamentos. Este mandato debía ser vinculante para la asamblea, que en teoría sólo tenía que redactarlo como parte de la nueva constitución.

Pero la política boliviana nunca es tan sencilla. En verdad, pese a los votos de 2006, ninguno de los bandos quería que el otro lograra ni una pizca de lo suyo. Ni la izquierda occidental admitía que las autonomías se materializaran, ni los modernizadores orientales estaban de acuerdo con que la asamblea constituyente cambiara la constitución en curso, que les parecía más que suficiente. Pero como no podían decirlo, transformaron una vez más su enfrentamiento en una polémica metodológica: si la asamblea debía elaborar la nueva constitución: a) por dos tercios, o b) por mayoría absoluta.

Esta discusión, que nunca se resolvió verdaderamente, terminó finalmente en la aprobación de un proyecto constitucional que una buena parte del país hoy considera ilegal. Lo que una vez más desplazó el debate, aunque sin sacarlo, claro, del plano formal. Se volvió entonces una cuestión en torno a la legitimidad de los métodos de aprobación de la reforma (y no de ésta misma); un debate de abogados, en suma.

Y esto ya nos trae a la actualidad. En respuesta simétrica a la aprobación de la constitución del occidente, el oriente de Bolivia ha elaborado sus propios estatutos autonómicos, usando también procedimientos de cuestionable legalidad. Ambas partes del país se reflejan mutuamente. Ahora, frente a los referendos nacionales que La Paz necesita realizar para la aprobación final de la constitución mencionada, los dirigentes de Santa Cruz organizan una consulta departamental para aprobar los estatutos de este departamento el 4 de mayo. (Y con ello han tomado ventaja dentro de esta suerte de “competencia especular”, porque los referendos de la otra parte no han sido convocados todavía).

Esto es la que hoy tiene inquieto al oficialismo: la posible pérdida de su iniciativa política frente a Santa Cruz. Por eso ha movilizado a las huestes campesinas para protestar frente al Congreso -o, si lo decimos en la jerga exagerada de la política boliviana: para que “lo cerquen”- hasta lograr que este organismo ponga fecha a los referendos constitucionales.

Resulta muy ilustrativo saber que probablemente éstos serán fijados el mismo 4 de mayo en el que ha sido convocado el referendo cruceño. Como para que no queden dudas del carácter circular de los acontecimientos. Bolivia: una serpiente que devora la cola de la serpiente que le devora la cola.
Por tanto, actualmente el debate boliviano puede describirse así: “referendos autonómicos” versus “referendos constitucionales”. Parece una lucha entre estudiantes enajenados de Derecho.

Si la historia última de Bolivia fuera un juicio, diríamos que los abogados de ambas partes se han entregado grandiosamente al vicio de la chicana. Han recurrido a múltiples ardides legales para evitar que el jurado trate el fondo del asunto que se ventila. El móvil de tales maniobras es evidente: evitar que el juicio se desarrolle normalmente y termine algún día, porque los contendientes no están dispuestos a perderlo por ningún motivo (ni siquiera parcialmente). De modo que cada acción de una parte suscita la inmediata reacción de la otra. Como si estuvieran ante un espejo.

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