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Carlos Alberto Montaner
Los políticos y los agentes del cambio


La carrera presidencial en los Estados Unidos tiene un común denominador, todos los candidatos aseguran representar un cambio para la sociedad. Tal vez se equivocan, la función de un político debe ser regular el cambio.


El joven senador Barack Obama se ha convertido en la gran revelación de los comicios estadounidenses. No sólo porque es el primer candidato afroamericano con serias posibilidades de ser presidente, sino porque dice encarnar el cambio que supuestamente necesita la sociedad norteamericana. Entre los republicanos, Mitt Romney, un exitoso empresario mormón, ex gobernador de Massachusetts, quintaesencia del establishment económico y político del país, se propone como mandatario alegando exactamente el mismo argumento: asegura representar el cambio. Parece que la palabra tiene una gran acogida entre los electores.

Los dos, tal vez, se equivocan. La función de los políticos norteamericanos no es generar los cambios, sino regularlos. Los cambios económicos los produce la propia dinámica interna de la sociedad civil. Se llevan a cabo por medio de las decisiones libremente tomadas por millones de ciudadanos emprendedores y laboriosos que son los que espontáneamente determinan la dirección y la velocidad en que se mueve el país. Los hacen en los laboratorios, en las fábricas, en las empresas, en las universidades. Los verdaderos artífices de los cambios son los investigadores, los científicos, los grandes ingenieros, los gerentes creativos, los empresarios agudos, los pensadores que en cada centro educativo remodelan día tras día el conocimiento. Los cambios sociales los impulsan (o los frenan) los medios de comunicación, las iglesias, las ONG, los sindicatos, las organizaciones de estudiantes y los diversos grupos de interés.

Los políticos, ante esa incontrolable dinámica, absolutamente impredecible, sólo pueden administrar y hacer reglas. Si las reglas son acertadas, benefician al conjunto de la sociedad, impiden los atropellos, evitan las injusticias flagrantes y consiguen facilitar la implantación de los cambios. Si se equivocan, las consecuencias pueden ser totalmente negativas y se convierten en una verdadera rémora. Pero no les corresponde a los políticos la tarea de cambiar el destino de los pueblos, entre otras razones porque, en las sociedades libres, nadie sabe hacia dónde debe desplazarse la población. Esa monstruosa certeza sólo se tiene en las dictaduras socialistas, dotadas de una sola cabeza, donde los grandes artífices de la ingeniería social, utilizando como correa de transmisión a ciertos grupos de oscuros funcionarios, generalmente precedidos por unos fanáticos iluminados, creen saber hacia dónde debe marchar la sociedad, y arrean al pueblo en esa dirección a punta de látigo y calabozo, ahogando de paso el espíritu emprendedor, mientras arrancan de cuajo cualquier vestigio de genuina creatividad.

La mera existencia de un fenómeno como Obama prueba esa afirmación. Fue la lucha tenaz de los cuáqueros y de los abolicionistas en el siglo XIX, retomada luego por Martin Luther King a mediados del XX, donde se generó la posterior legislación integracionista de Lyndon Johnson que hoy, felizmente, permite que Obama sea una opción viable para los electores norteamericanos. Lo que cambia a Estados Unidos es el tren, el teléfono, la aviación, la píldora anticonceptiva, las computadoras o la clonación entre otros centenares de innovaciones, y todos esos hitos tecnológicos surgen en el seno de la sociedad civil y precipitan al país en una dirección hasta entonces insospechada, provocando consecuencias tremendas en todos los órdenes de la convivencia, ante las cuales tienen que reaccionar los políticos. Esa es la virtud de las llamadas sociedades abiertas, donde el Estado no dirige ni planifica, sino se limita a regular equitativamente. Es de este orden espontáneo de donde surge la inmensa fortaleza y la increíble capacidad para generar riqueza de una nación como Estados Unidos.

Pero hay otra paradoja: a veces los grandes cambios, aun siendo benéficos, crean graves problemas que sí deben enfrentar los políticos. Un caso típico es el desarrollo de la farmacología y de los carísimos equipos de diagnóstico. Gracias a ellos, hoy las personas tardan más en morir: el verdadero cambio es el aumento de la longevidad, pero esos últimos años son terriblemente onerosos y nadie sabe cómo hacerles frente, porque casi todo enfermo desea prolongar su vida a cualquier costo. La función del político, pues, es encontrar la forma de regular este cambio de la manera más razonable y eficiente posible, dentro de las limitaciones que siempre impone el presupuesto. Y la labor del elector, claro, consiste en tratar de identificar qué político es capaz de hacer mejor esa y otras parecidas tareas. No es fácil.

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