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¿NO MAS ASALTANTES DEL PODER?

En América del Sur ya no hay lugar para los asaltantes del poder. Tome el caso del presidente Hugo Chávez, quien fue elegido por el pueblo venezolano y a pesar de su conducta irracional, tendrá que dejar la presidencia en el 2012, consecuencia del referendo que perdió.

Por suerte, ya pasaron los felices tiempos de los asaltantes del poder, como Fulgencio Batista, cuando le bastaba cruzar el estrecho a Miami para vivir el resto de sus días con las fortunas que acumularon. El último presidente que se asiló en Miami fue el general Marcos Pérez Jiménez, que fue pedido y extraditado a Venezuela en 1963, a condición de ser juzgado por crímenes comunes, no por sus actos políticos. Pasó cinco años en la cárcel en Venezuela y al salir se refugió en España.

Ahora, cualquier lugar del mundo es peligroso para un gobernante criminal y sus cómplices.

En estos días el ex presidente Alberto Fujimori es juzgado en Lima por los crímenes cometidos por miembros del SIN, la policía secreta, liderado por el siniestro Vladimiro Montesinos — el asesinato de 14 estudiantes y un profesor de la Universidad de Ingeniería.

Los diarios han publicado que en Chile el general Raúl Eduardo Iturriaga, el temido ex jefe del Servicio de Seguridad, es acusado de rapto y la desaparición de Luis San Martín en 1974.

Iturriaga huyó de Italia y fue juzgado en ausencia y sentenciado, con orden de captura de la Interpol, dondequiera que se encuentre. Fue capturado en Valparaíso, Chile.

El general Juan Manuel Contreras, de la tenebrosa DINA de Chile, fue capturado y juzgado en Miami por el asesinato del embajador chileno Armando Letelier y su secretaria.

En Uruguay, al ex dictador Gregorio Alvarez lo juzgan por sus crímenes durante los 27 años que mantuvo el poder.

En Chile, el general Augusto Pinochet es un caso especial, porque se creó el mito de que había salvado a Chile del comunismo.

Al final Pinochet perdió los títulos de senador vitalicio, el dinero que tenía en los bancos extranjeros y sólo su senilidad y muerte lo salvó de enfrentarse con el juez chileno Juan Guzmán, que tenía su caso.

Más terrible y sangriento que el genocidio de Pinochet, fue el de la Junta Militar presidida por el general Rafael Videla en Argentina. Se estima que 30,000 personas murieron o “desaparecieron” en ese período.

Al recuperar Argentina sus autoridades civiles, iniciaron sendos juicios contra los miembros de la junta y sus secuaces.

Fue tan importante este asunto, que involucró a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU; quienes desecharon el argumento presentado por los oficiales subalternos de Videla que han sido acusados de asesinatos y tortura, justificándose con la teoría de “la obediencia debida al superior”; alegato que rechazaron los jueces del Juicio de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial.

En los procesos que se siguieron en Argentina, la Corte Interamericana de Justicia dejó establecido que “esas disposiciones de olvido y perdón no pueden poner a cubierto las más severas violaciones a los derechos humanos, que significan un grave menosprecio de la dignidad del ser humano y repugnan a la conciencia de la humanidad”.

Ya no hay muchos refugios para los asaltantes de poder.

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