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NUEVA ZELANDA


La experiencia neozelandesa es otro ejemplo de lo que habíamos observado en el caso de Irlanda, países en los cuales se adoptaron políticas de liberalización económica que fueron exitosas para el bienestar de su población.

Nueva Zelanda es un país relativamente pequeño, aislado en el Pacífico Sur, cuya población de 4 millones está constituida por descendientes de origen británico. Este país a lo largo de los años ha construido una imagen internacional de respeto a la naturaleza y con una gran riqueza agropecuaria y forestal, base de su desarrollo económico y social.

Nueva Zelanda antes de la reforma de los años ochenta y noventa, sustentaba su economía en una política proteccionista basada en la sustitución de importaciones y con fuertes controles a las tasas de interés, al tipo de cambio, los precios y los salarios. La crisis del petróleo y otros factores desequilibraron su economía de manera que el PIB experimentó un decrecimiento y las exportaciones registraron un estancamiento preocupante. En efecto, la deuda externa pasó a representar el 95% del PIB; la inflación llegó a un 16%, el desempleo alcanzó el 11%, se produjo un déficit en la balanza de pagos así como una devaluación del 20% en su moneda.

La crisis de los setenta y principios de los ochenta, obligó al Gobierno a adoptar una nueva estrategia de crecimiento considerando que el tamaño del mercado interno era insuficiente para generar economías de escala, por lo que fue necesario orientar las políticas hacia la expansión de las exportaciones. Las medidas proteccionistas que implicaban la entrega de cuantiosos subsidios a la agricultura y a la industria ocasionaron un gasto público excesivo que llegó hasta el 40% del PIB y que disparó la inflación. A partir de 1984, el Gobierno implementó un vasto programa de reformas estructurales tendientes a restaurar la productividad y la competitividad de la economía y que se concretaron en las siguientes políticas: liberalización del comercio, especialmente con sus socios más importantes, Australia y los miembros de la APEC, que incluía una disminución sustancial en las tarifas arancelarias; privatización de las 25 más grandes empresas estatales; restricción del gasto público y obtención de superávit fiscales; supresión de los controles de precios, tasas de interés, salarios y tipos de cambio, abolición de los controles sobre los movimientos de capital; apertura a la competencia bancaria; simplificación del sistema tributario, reducción del impuesto a la renta y aumento del IVA del 10% al 12,5%; desregulación del mercado de trabajo y estímulos a la inversión extranjera.

Los resultados de la aplicación de estas políticas produjeron la dinamización de la economía que se reflejó en aumentos importantes del PIB del orden del 5% y 6%, una caída de la inflación al 2% y del desempleo al 4%, superávit fiscales y comerciales, crecimiento de las exportaciones y disminución de la deuda pública. Todo esto en un marco de alta productividad del sector agropecuario predominante en Nueva Zelanda que lo mantiene entre los primeros productores y exportadores de lácteos del mundo. La experiencia neozelandesa es otro ejemplo de lo que habíamos observado en el caso de Irlanda, países en los cuales se adoptaron políticas de liberalización económica que fueron exitosas para el bienestar de su población.

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