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Ricardo Lafferriere
Argentina: Nueva confiscación

Por un decreto del Poder Ejecutivo se ha resuelto que una de las medidas que formarán parte del paquete preparatorio decidido para esperar la entronización de la presidente electa es un incremento de las retenciones a la exportación de productos agropecuarios, en un porcentaje que oscila entre el 27 % y el 35 % con respecto a las vigentes para el maíz, la soja y el trigo. El trigo pasará del 20 –actual- al 27 %, y la soja del 27,5 –actual- ¡al 35 %!… Debe recordarse que estos impuestos se suman a todos los demás impuestos comunes que gravan la actividad económica –ganancias, IVA, internos, sellos, etc.-, con lo que la imposición a los productores de soja, por ejemplo, superará ampliamente el 65 %.

Esta medida, por supuesto, fue decidida por el actual presidente sin otro procedimiento que su propia voluntad. Lejos quedó el propósito de mejorar la “calidad institucional”, una de cuyas piedras angulares debiera ser reconstruir la democracia republicana desde sus esencias, como lo es la atribución exclusiva y excluyente del parlamento en todas decisiones que impliquen imponer impuestos o modificar sus tasas. Y mucho más lejos la política de aprovechar los años buenos para reconvertir la producción y esperar sobre otras bases, la reversión del ciclo. Se aumentarán los recursos –ya descomunales- del Estado Nacional, para continuar el despilfarro.

La democracia requiere que exista separación de poderes y respeto por las competencias de cada uno de ellos. El Poder Legislativo se identifica por dos competencias básicas, sin las cuales se convierte simplemente una parodia teatral: la facultades excluyentes en materia de imposición y gastos y en materia de movilizaciones militares.

La segunda es absolutamente excepcional porque las guerras entre Estados afortunadamente han retrocedido como herramientas de la convivencia internacional; también debiera serlo la primera si reconocemos la conveniencia de la estabilidad del marco fiscal como un componente saludable de una economía próspera.

Quizás la medida sea intrínsecamente conveniente. El gasto público debe ser soportado por quienes tienen mayor capacidad de ingresos, y el campo está especialmente favorecido por el crecimiento del precio de sus productos. Esta afirmación –simplista, como todas las que surgen del escenario oficial- ignora la necesidad de la renovación tecnológica, el peso de los crecientes insumos importados requeridos por la producción rural, y la pérdida de competitividad con respecto a otros actores internacionales, que no sólo reciben su precio íntegro sino que en varios países reciben subsidios.

Todos estos elementos deberían formar parte de un debate público en un ámbito representativo, para que lo que se resuelva lo sea luego de una evaluación de impacto, que incluya también el destino del gasto. Si ese procedimiento no está, es difícil aceptar que el sistema argentino sea una democracia representativa.

Subir impuestos al campo para impulsar el desarrollo económico y el equilibrio social seguramente sería un aporte que los propios interesados quizás aceptarían. Pero en nuestro caso, las sospechas públicas son que esos recursos serán destinados por la corporación de la decadencia para cumplir sus compromisos electorales –con el clientelismo- y asegurar su respaldo para gobernar –con el empresariado prebendario y la “cadena de la felicidad” integrada por jueces, periodistas y hasta artistas e intelectuales amañados-, que requieren contar con recursos disponibles discrecionalmente para asegurar la lealtad apoyada en la chequera.

El despilfarro preelectoral afectó –como en 1998- las cuentas públicas, disolviendo el “superávit fiscal” que fuera uno de los caballitos de batalla de la primera gestión kirchnerista. Para volver a obtenerlo y evitar que cualquier crisis externa –como la de 1999- afecte fuertemente la economía, es necesario incrementar aún más los ingresos, y otra vez, como tantas en la historia, el sector que arriesga, trabaja y produce pareciera ser el castigado.

El pecado de significar electoralmente pocos votos y de mantener una actitud de dignidad en lugar de inclinarse como cortesanos ante los caprichos oficialistas se reflejará en una nueva confiscación, cuyo monto alcanzará aproximadamente a 1.500 millones de dólares. Por supuesto que esta circunstancia estará oculta tras los números que los analistas “macro”, quienes evalúan la coherencia de las cifras, no destacarán. Ello no impedirá que nos encontremos frente a otro despojo, realizado por el poder con el sólo fundamento de su discrecionalidad.

La reiteración de decisiones como ésta ha provocado desde hace casi ocho décadas un “serrucho” cuya consecuencia es mantener el ingreso estancado. Desde 1930 hasta hoy, la Argentina ha mantenido su riqueza “per capita” prácticamente en los mismos niveles, en dinero constante. En ese mismo lapso, España la multiplicó por cinco, Francia por seis, Australia por ocho y Estados Unidos por doce.

En ninguno de esos países se sembró la desconfianza en los niveles que se viven en la Argentina. La venta masiva de empresas a extranjeros –menos avispados y desconocedores del lugar donde se meten…- muestra esta evidencia. La inestabilidad fiscal y el incumplimiento intertemporal de las reglas de juego puede ser compatible con crecimientos temporarios, pero al final se vuelve al comienzo. Nadie acepta alegremente que socios mano-largas le arrebaten el fruto de su esfuerzo, y el que pueda buscará la forma de poner a resguardo su capital de los caprichos del poder. Lástima, porque hace tiempo que la Argentina no tenía una situación internacional tan favorable que hasta K pareciera un buen gestor. Y porque se está dejando escapar esta posibilidad que quizás tarde mucho en repetirse.

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