>¿A DONDE VA EL DINERO TERRORISTA?

A lo largo de la historia, la lucha contra el terrorismo (LCT) no ha sido ejemplo ni de sofisticación teórica ni de innovación tecnológica. Guiada por preceptos morales y políticos más que por unos mínimos principios de eficacia, la LCT ha sido proclive a la mudanza perpetua y a la utilización bastarda para otros fines.

Fruto de estas circunstancias que limitan su consistencia, la LCT ha tendido a repetir de manera acrítica y con tres décadas de retraso los métodos — y errores — de la lucha contra el crimen organizado. Tras los atentados del 11 de septiembre se aceleró este proceso de transposición metodológica. En 1970 el congreso estadounidense aprobó la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Law, que ilegalizaba la adquisición, la operación o la recepción de rentas procedentes de organizaciones criminales.

Fue entonces cuando se popularizó exactamente el mismo argumento que ahora se aplica a la LCT: para ser eficaz contra los grupos criminales hay que cortarles la sangre que les permite sobrevivir, sus arterias financieras. En 1988 se dio el primer paso para la internacionalización de esta forma de lucha contra los fondos ilícitos a través de la Convención de Viena contra las Drogas Psicotrópicas. Una suma de acciones bienintencionadas, aunque de limitada eficacia, le han seguido después. Tras el 11 de septiembre, los países desarrollados parecen dispuestos a transferir esta forma de lucha frente al crimen organizado a la LCT dando dos pasos superpuestos: su aplicación nacional y la internacionalización dentro del marco estrecho de los países desarrollados.

El cambio de perspectiva es presentado como la quimera final que permitirá acabar con el terrorismo mundial. Sin embargo, de la experiencia previa de lucha contra el crimen organizado pueden extraerse conclusiones que no permiten vislumbrar esa bondad. Primero, para que esta estrategia dé sus primeros frutos, que además serán escasos, tendrán que pasar muchos años. La ley RICO sólo comenzó a aplicarse con asiduidad y eficacia tras diez años de refinamiento legal y formación de los recursos humanos. Las leyes nacionales contra el blanqueo apenas se utilizan en la mayor parte de los países, existiendo una notable distancia entre los recursos humanos y financieros de los blanqueadores y los de quienes los persiguen.

La cooperación internacional en la materia se ve cercenada por cientos de obstáculos legales insalvables. En la práctica, es escasísima salvo para un pequeño conjunto de países y con la condición de que los agentes que participan en esquemas de blanqueo sean marginales dentro del sistema económico y político. A medio plazo, la respuesta de los terroristas será sofisticar sus rudimentarias finanzas del mismo modo que lo hizo el crimen organizado durante las tres últimas décadas: de las míticas lavanderías neoyorquinas a complejos esquemas internacionales de blanqueo.

Y en este punto, la LCT en el ámbito financiero se encontrará exactamente con el mismo obstáculo con que se han topado las políticas anti-blanqueo: un sistema financiero internacional que es por naturaleza incontrolable para los estados gracias a la opacidad que permiten el secreto bancario y empresarial de los paraísos fiscales. En no pocas jurisdicciones, algunas bajo la protección de estados tan comprometidos en la LCT como los Estados Unidos, el Reino Unido y Holanda, es ilegal revelar el nombre de los propietarios de empresas y/o cuentas bancarias, ya pertenezcan estas a honrados defraudadores fiscales, a funcionarios corruptos, a traficantes de armas o a terroristas.

¿Por qué existe el secreto bancario y empresarial que es tan útil a criminales de todo pelaje y detrae tanto al común de los mortales, incluidos la mayor parte de los habitantes de esos paraísos? Según la visión benévola, porque existen estados en los cuales no se protege suficientemente la propiedad privada, ya sea por la imposición excesiva — justificación liberal radical — o por la corrupción. Según la perspectiva conspirativa, porque los que manejan los hilos del policy making en los países desarrollados son los mismos que guardan sus dineros en los paraísos fiscales protegidos por cientos de murallas de secreto profesional y bancario. Cual sea la motivación que sustenta a los paraísos fiscales es indistinta para la eficacia inmediata de la LCT, que en última instancia se estrellará contra cientos de murallas superpuestas que limitan el acceso a información relevante. Pero la razón por la que se permite la existencia de estos centros financieros — que serían fácilmente asfixiables desde una acción concertada de los países ricos — será fundamental a la hora de implementar medidas para cerrar los espacios de secretismo del sistema financiero internacional que los paraísos fiscales cobijan. Estas iniciativas son el único complemento que haría verdaderamente efectiva la LCT desde la perspectiva financiera. Puestos a tomar prestados enfoques económicos y conceptos propios la lucha contra el crimen organizado, la LCT podría ir directamente a la estrategia teórica más en boga en la actualidad: cerrar los mercados en los que actúa la criminalidad. Ni la RICO ni la leyes anti-blanqueo consiguieron acabar con la mafia italo-americana. Sólo una estrategia de largo plazo por eliminar la corrupción en los concursos públicos fue eficaz. El lucha contra el narcotráfico es un combate imperecedero mientras no se tenga éxito enla reducción de la demanda de drogas ilegales. Haciendo un paralelismo burdo, la disminución de la demanda de organizaciones terroristas, es decir, el grado de aprobación que las actividades terroristas tienen entre la población, será una estrategia infinitamente más efectiva que todas las medidas que se puedan tomar desde el punto de vista financiero. El recurso a una receta ya previamente fracasada, desfasada y desechada en la lucha contra el crimen organizado — la mera suma de combate financiero y cooperación internacional — es sólo un cambio de imagen para que en realidad nada cambie.