>Exceso de precaución

>Mientras le dan el Nobel de la Paz a Al Gore y al Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), Jacques Attali presenta a Sarkozy el informe que éste le había encargado. Attali, economista, ensayista (más que filósofo) y ex-valido de Mitterrand (por aquí empieza el escándalo que provoca su recomendación), propone que se retire de la Constitución francesa el principio de precaución, que permite al Gobierno intervenir si considera que se pueden producir daños al medio ambiente. Que se retire porque “frena el crecimiento económico”. Francia está creciendo al 1,3% mientras la zona euro lo hace al 2,5% El consejo de Attali es polémico pero hay casi unanimidad en querer vivir mejor y mantener ese nivel de vida, sobre todo por parte de los críticos, que están en la banda superior de consumo de energía y emisión de contaminantes por cabeza.

Las reacciones de escándalo ante la propuesta Attali son automáticas y calendarias; dice el cronista que es: “muestra de las contradicciones y paradojas que está creando la ‘apertura’ del jefe del Estado francés”. Y la actual secretaria de Estado de Ecología del gobierno francés, Nathalie Kosciusko-Morizet, responsable de la incorporación de ese principio a la Constitución de su país en 2004 y bajo la presidencia de Chirac, acusa a Attali de tener una “visión reaccionaria”.

Attali no es un reaccionario sino un laico que no quiere un Estado confesional en medio ambiente. El principio de precaución –como el de corrección preferente en la fuente- fue introducido en 1992 por el Acta Única Europea como guía (principio jurídico que informa el consiguiente desarrollo legislativo) para la aplicación de la política medioambiental comunitaria. Tanto la legislación comunitaria (desde el art. 174 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea) como la nacional derivada de ese principio regulan que cuando se prevea un daño sobre el medio ambiente el gobierno podrá adoptar medidas provisionales y proporcionadas para evitarlo. Una de los efectos jurídicos principales del principio de precaución fue la Directiva UE sobre evaluación de impacto ambiental, que obliga a obtener la autorización (“declaración”) administrativa correspondiente en obras públicas de infraestructuras en transporte y energía, entre otras. La transposición al derecho nacional y su desarrollo reglamentario en plan Romanones por parte de países como Francia y España ha tenido consecuencias económicas de sobrecoste y retraso en dichas infraestructuras. Y efectos sobre el medio parodójicos. Por supuesto, no se ha hecho ninguna evaluación del impacto medioambiental ni del coste de oportunidad que produce ese incremento del gasto público ni el desvío o retraso de trazados en carreteras y redes eléctricas o de gas.

(Ansel Adams, Rails and Jet Trails, 1953)
Sin embargo, la Unión Europea -inventora del principio de precaución– no es tan papista como algunos de sus discípulos nacionales y regionales, y evita la arbitrariedad en la interpretación del principio: “puede invocarse cuando es urgente intervenir ante un posible peligro para la salud humana, animal o vegetal, o cuando éste se requiere para proteger el medio ambiente en caso de que los datos científicos no permitan una determinación completa del riesgo. Este principio no puede utilizarse como pretexto para adoptar medidas proteccionistas, sino que se aplica sobre todo en los casos de peligro para la salud pública. Gracias a él es posible, por ejemplo, impedir la distribución de productos que puedan entrañar un peligro para la salud o incluso proceder a su retirada del mercado.” (Comunicación de la Comisión, de 2 de febrero de 2000, sobre el recurso al principio de precaución, COM (2000) 1 final].

Como Hernández y Fernández, la UE aún dice más en la Agenda 21 y a favor de la liberalización: “Uno de los objetivos de la UE de su política medioambiental es fomentar el desarrollo sostenible mediante la liberalización del comercio, de modo que se consiga un clima internacional propicio a la aplicación de medidas protectoras del medio”.

Dos de los problemas de la integración del medio ambiente en el resto de políticas, en particular la económica, son la información y la estructura territorial de aplicación de las medidas. Respecto al primero Attali dice que “en economía, la información es el demonio [porque] es imposible de manejar”. Las carencias de información y valoración de los efectos para el medio de actuaciones humanas restringen su consideración económica, así que algunos países europeos han optado por sacralizarlo. En cuanto a su organización política y jurídica, es contradictorio dividir en regiones una competencia horizontal e internacional, ya que se establece una competición entre gobiernos por una protección alta por razones políticas o electorales o por un nivel de protección demasiado bajo por razones de crecimiento económico bruto.

Como valor económico, el medio ambiente -aún componiéndose de recursos que son escasos- tiene un valor anterior al precio que la actividad humana le asigna, a la vez que contiene una información total. Al igual que la música, es información pura y compleja, sobre la que es difícil tomar decisiones económicas: “En una economía de la información, algo tiene mayor valor cuando mucha gente lo posee. En la teoría de la información, el valor de algo aumenta con el número de gente que lo comparte. (…) si te doy una pieza de información, aún la tengo, la conservo. Lo cual significa que si tengo algo y te lo doy, estoy creando algo nuevo: abundancia (…) Y esto significa que la teoría económica no funciona con la información. (…) Pero existen además otras razones por las cuales no podemos fiarnos de la economía para entender a la música. Cada actividad humana tiene una historia, una historia que existió antes de la economía, cuando las cosas tenían un valor que no era un precio.” (Jacques Attali, Ruido; Economía política de la música, 1977)

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